El Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Entre Ríos llevó adelante su reunión anual este viernes en Concordia, con la participación de defensoras y defensores de toda la provincia, funcionarios judiciales, profesionales de equipos técnicos y personal de la institución. El encuentro, organizado en conjunto con la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial (AMFJER), fue encabezado por el Defensor General, Maximiliano Benítez.
Estuvieron presentes la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Gisela Schumacher; la Procuradora adjunta, Mónica Carmoma; el secretario de Justicia, Julián Maneiro, y el presidente de la AMFJER, Alejandro Cánepa, entre otras autoridades. Enviaron salutaciones y deseos de una buena jornada de trabajo los integrantes del STJ Susana Medina, Laura Soage y Carlos Federico Tepsich.
En ese marco, el Defensor General realizó un repaso de la actividad de los distintos organismos y defensorías que integran el MPD, En materia civil, informó que la mayoría de las intervenciones este año se efectuó mediante amparos, que concentraron más del 25%. “Esto refleja la función que tiene el Ministerio Público, que es asistir y proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad’, dijo Benítez.
En cuanto al trabajo de las defensorías en materia penal, destacó que el registro de casos de violencia institucional, que se implementa desde 2019, comenzó a hacerse con mayor rigor metodológico, con el objetivo de contar con una herramienta que permita abordar y prevenir la problemática.
Respecto del ámbito de las defensorías de Ejecución de Penas y medidas de seguridad, señaló que las personas privadas de su libertad por condenas cortas (de hasta 3 años) pasaron de 137 en 2014 a 562 en 2025. En ese sentido, bregó por la construcción de herramientas alternativas para estos casos, en función de garantizar sus derechos humanos.
Por otro lado, en referencia al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaer), el Defensor General subrayó que la provincia llegó a 728 niños en adopción desde la puesta en funcionamiento del Registro en 2011, lo cual es “un gran logro” de ese organismo. “Somos modelo en el país”, afirmó.
No obstante, indicó que la realidad muestra que hay niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales que no han podido ser adoptados y para atender esa problemática se pondrá en marcha un dispositivo para que haya adultos que, bajo ciertas condiciones, se conviertan en referentes de cuidado y acompañamiento de esas personas menores de edad.
En otro tramo de su presentación, valoró el trabajo del Órgano de Revisión en Salud Mental y, puntualmente, el protocolo consensuado con otras áreas del Estado para la intervención de la Policía en situaciones de crisis. “Es un protocolo que no tiene ninguna otra provincia y que ya está dando resultados”, dijo.
A su vez, resaltó las intervenciones realizadas por la Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental en las distintas jurisdicciones, así como la importancia de la tarea desarrollada por el Dispositivo de Entrevista Testimonial Videograbada y su expansión territorial.
Durante el encuentro, Benítez dio a conocer que Gaspar Reca, defensor coordinador en materia penal, ha sido postulado por Argentina para desempeñarse como defensor público ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En un momento especial de la reunión, fue homenajeado José Atilio Álvarez, exdefensor de Menores e Incapaces de la Justicia Nacional, en reconocimiento a su extensa trayectoria. También hubo entrega de placas a personal del MPD recientemente jubilado.
Asimismo, Nicolás Vargas, defensor público coadyuvante de la Defensoría General de la Nación, expuso sobre «Defensa pública y Derechos Humanos».
