El día 18 de abril se realizó una Jornada de Debate acerca del nuevo modelo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Entre Ríos en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia.
La iniciativa fue organizada por la Comisión de Legislación General y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados, que preside el diputado Diego Lucio Lara, con el fin de abrir el debate en torno al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Provincial por el que se pretende modificar la ley 9246.
Dicha Jornada contó con la presencia del Sr. Presidente del STJER, Dr. Emilio Aroldo Castrillón, quien brindó el discurso inaugural. A continuación se desarrollaron dos paneles integrados por especialistas en la materia, el primero integrado por el Sr. Defensor General de la Provincia, Dr. Maximiliano Francisco Benítez, la Sra. Jueza del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Paraná, Dra. Cecilia Bértora y en representación del Colegio de Abogados de Entre Ríos expuso el Dr. Raúl Enrique Barrandeguy. En el segundo panel los expositores fueron el Sr. Procurador General de la Provincia, Dr. Jorge Amilcar Luciano García, la Sra. Ministro de Gobierno y Justicia, Dra. Rosario Romero y en representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios disertó el Dr. Rubén Alberto Chaia.
El proyecto de ley persigue regular el procedimiento judicial en la etapa de ejecución, superando el sistema escritural actualmente existente. En este sentido, concibe a la etapa de ejecución de la pena como una etapa más del proceso penal, que debe regirse por los mismos principios y reglas del sistema acusatorio adversarial vigente en la provincia desde el año 2009. En este sentido, y conforme los principios de inmediación, celeridad, oralidad, desformalización, publicidad y contradicción, las distintas visicitudes que se presenten en el marco de la ejecución de la pena deberán ser tratadas y resueltas en audiencias públicas registradas bajo sistema de video-filmación.
Por otra parte, se garantiza la intervención de la víctima en esta etapa del proceso penal, consagrando explícitamente su derecho a intervenir y ser oído principalmente respecto de aquellas decisiones vinculadas con el sistema progresivo de la pena como las salidas transitorias, libertad condicional y libertad asistida.
Asimismo, y reconociendo las dificultades que representa la geografía provincial y la distancia entre las distintas unidades penales y los juzgados de ejecución de penas existentes en la provincia, como así también, el incesante crecimiento de la población carcelaria, se propicia la creación de un nuevo juzgado de ejecución en la ciudad de Concordia y de defensorías y fiscalías especializadas en la temática.
