Es el cuerpo de abogados y abogadas del Ministerio Público de la Defensa dedicado a garantizar la asistencia jurídica a las personas internadas involuntariamente como consecuencia de su padecimiento mental, así como a las personas que se encuentran en proceso de determinación de su capacidad.

Sus funciones se fundamentan en que la Ley Nacional de Salud Mental, en su artículo 22, reconoce el derecho de toda persona internada involuntariamente a designar un abogado y, si no lo hiciere, la obligación del Estado de proveérselo. 

En tanto, el Código Civil y Comercial en su artículo 31 inc. “e” dispone que en los procesos judiciales de restricción al ejercicio de la capacidad jurídica, la persona tiene derecho a participar con asistencia letrada, la que deberá ser proporcionada por el Estado en caso de carecer de recursos.