En el marco del VII Congreso Internacional de Justicia Restaurativa, que se llevó adelante en San José de Costa Rica, el Dr. Maximiliano Benítez, defensor general Entre Ríos, disertó en la apertura de la segunda jornada con la conferencia magistral “Los medios alternativos y restaurativos de resolución de conflictos en el Nuevo Régimen Penal Juvenil de la República Argentina. Análisis Crítico”.
Durante su presentación en el eje temático dedicado a los nuevos desafíos de la disciplina, el titular del Ministerio Público de la Defensa entrerriano abordó la realidad normativa y las tensiones del sistema penal juvenil. En ese sentido, describió las razones por las cuales la Ley N⁰ 27.801 dificulta la aplicación de medidas judiciales restaurativas y penas alternativas a la privación de la libertad.
“La Justicia Penal Juvenil es el ámbito propicio para el desarrollo de la Justicia Restaurativa, porque los niños, niñas y adolescentes son personas con quienes se puede trabajar para que tengan una vida mejor y merecen un trato diferenciado”, sostuvo Benítez, quien también remarcó la potencialidad de este instituto para la resolución de conflictos y lo diferenció del llamado “populismo punitivista”.
En ese sentido, recordó que mediante la Resolución Nº 68/2026, adoptó en el MPD de Entre Ríos las Reglas Comunes Iberoamericanas sobre Justicia Penal Juvenil Restaurativa y recomendó a los integrantes de este Ministerio su aplicación efectiva, en el marco de las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño.
Por otro lado, al describir la nueva ley, remarcó la ineficacia de las medidas de endurecimiento punitivo contra niños, niñas y adolescentes, al sostener en base a estadísticas comparativas con otros países de la región que “la baja de la edad de punibilidad no mejora la seguridad ciudadana ni reduce los delitos”.
Asimismo, profundizó en el impacto de estas reformas sobre el marco de derechos de la infancia, advirtiendo que es una ley regresiva, que no se condice con la Convención sobre los Derechos del Niño.
Además, señaló la desproporción que significa la posibilidad de condenar a 15 años de cárcel a niños de 14 años de edad y el hecho de que el sistema penitenciario no está preparado ni cuenta con la infraestructura adecuada para albergar a adolescentes, entre otros puntos.
El congreso, organizado por el Poder Judicial de Costa Rica bajo el lema “Personas que transforman, comunidades que restauran”, reunió en el Auditorio Miguel Blanco Quirós de San José a referentes internacionales de países como Costa Rica, Brasil, Alemania, Bélgica, México, Chile, España y Argentina.
El encuentro contó con el apoyo del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH).