El Ministerio Público de la Defensa (MPD) ha establecido un convenio de cooperación mutua con la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Argentina-Español, carrera perteneciente a la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), con el objetivo de desarrollar estrategias que contribuyan a derribar las barreras de las instituciones para con la comunidad sorda y así facilitar el acceso a la justicia.
“El MPD ha formalizado la cooperación interinstitucional con la universidad pública, que consideramos una pieza fundamental para el fortalecimiento y enriquecimiento mutuo, como parte de una política que desarrollamos con diversas entidades educativas”, sostuvo Aranzazú Ormache, asesora técnica del Ministerio Público. “Desde principios de año venimos articulando intercambios que nos han permitido conocernos e incorporar a estudiantes del segundo año de la Tecnicatura interesados por la labor del organismo, para realizar las prácticas profesionales supervisadas”, indicó.
Los y las practicantes efectúan un recorrido por los diferentes espacios del MPD a fin de pensar, proponer y desarrollar actividades de traducción de documentos audiovisuales destinados a la promoción y divulgación de la Defensa Pública, pero también ofrecen su participación en audiencias o entrevistas para hacerlas accesibles para la comunidad sorda. A su vez, cuentan con referentes tanto académicos como institucionales que guían y supervisan la práctica.
Esta articulación interinstitucional se fundamenta en el modelo social de la discapacidad propuesto por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que incorpora el Código Civil y Comercial argentino en 2015. Allí se visibiliza la necesidad de repensar nociones vetustas con dos aspectos nodales: que todas las personas tienen derechos inherentes e inalienables por el solo hecho de pertenecer a la familia humana y que las barreras que se localizan en el entorno evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
En ese sentido, Ormache sostuvo: “Cuando pensamos en políticas de inclusión y acceso a justicia, advertimos que la deuda es de las instituciones para con la comunidad y los diferentes modos en que ésta se expresa. El problema de adaptación y acceso es nuestro, de los operadores de justicia, por lo tanto somos receptivos a todo aporte que contribuya a achicar esas barreras que hemos construido y nos permita ampliar la mirada. Debemos esforzarnos creativamente por recibir al otro y adaptarnos a sus capacidades, que posiblemente no son iguales a las nuestras, pero de ningún modo eso debe implicar una restricción en términos de derechos”.
El MPD contará con estudiantes/practicantes durante lo que resta del año y durante 2026 para continuar con la articulación de acciones de acceso a justicia de la comunidad sorda. En el mismo sentido, se han establecido convenios con otras universidades, facultades y demás instituciones educativas o de formación profesional, como la Residencia en Salud Mental de Entre Ríos, que desarrollan o han desarrollado prácticas profesionales supervisadas, bajo el convencimiento de que el trabajo en red e interdisciplinario resulta una pieza clave para ejecutar acciones de inclusión y acceso a justicia.