Este miércoles, en el centro cultural y de convenciones La Vieja Usina de la capital entrerriana, se realizó una jornada interinstitucional de intercambio y reflexión dirigida a hogares privados y residencias socioeducativas que alojan a personas con discapacidad y áreas y referentes municipales en la temática de la costa del Paraná. La actividad fue propuesta por el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), en el marco del programa Contigo, con la participación del Ministerio Público de la Defensa (MPD).

En el panel de apertura, el defensor general, Maximiliano Benítez, destacó el compromiso y el acompañamiento del MPD, por medio de sus distintos organismos, en materia de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad que se encuentran institucionalizadas. De la mesa inicial de la jornada participaron la secretaria de Políticas de Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano, Ayelén Acosta; el titular del Iprodi, Diego Vélez; la coordinadora del Programa Contigo, Priscila Ulrich, y el secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental, Martín Cabrera.

Durante la jornada, denominada “Reflexiones sobre los Aspectos Jurídicos y Éticos de la Discapacidad”, Martín Cabrera expuso acerca de aspectos vinculados al Órgano de Revisión como salvaguardias, sistema de apoyo, dignidad del riesgo y consentimiento informado. A su vez, las defensoras públicas Yamila Frate (jurisdicción Paraná) y Agostina Favotti (jurisdicción Diamante) y las integrantes de la Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental Marta Taleb y Carina Galizzi, ambas de la capital provincial, brindaron precisiones sobre los procesos de determinación de la capacidad: requisitos, roles y rendición de cuentas.

Asimismo, estuvieron presentes secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí, y las defensoras Silvina García, de Feliciano; Natalia Cabrera, de La Paz; Emilia Terraza, de Victoria, y Carolina Suárez Schumacher, de Paraná.

El programa Contigo es un proyecto institucional, creado por el Iprodi en 2021, que se propone articular políticas públicas de atención y autonomía para personas con discapacidad mayores de 18 años que están institucionalizados en residencias, con el objetivo de velar por el cumplimiento de sus derechos y promover acciones para el abordaje integral de la problemática.