Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos

Es la institución integrante del Poder Judicial, con independencia orgánica y funcional, cuya principal función es promover toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, garantizar el efectivo acceso a la justicia y otorgar asistencia jurídica integral a las personas en situación de vulnerabilidad. El Ministerio Público de la Defensa es, esencialmente, un organismo que defiende los derechos humanos.

Las «100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad», señalan que por ellas se entiende a las personas que por razón de su edad, género, estado físico y/o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia, los derechos reconocidos por el odernamiento jurídico.

Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras:

  • la edad
  • la discapacidad
  • la victimización
  • la pertenencia a comunidades indígenas
  • la migración y el desplazamiento interno
  • la pobreza
  • el género
  • la privación de libertad

Dr. Maximiliano Francisco Benitez

Defensor General

Secretaria de la Defensoría General

Dra. Lorena Cecilia Calí

Relatora

Dra. Carolina Rosa Vitor

Coordinador de Equipos Técnicos

Lic. Alejo Amadeo De Zan

La Defensoría General, con sede en Paraná, ejerce la jefatura del Ministerio Público de la Defensa. En toda la provincia existen defensores y defensoras que atienden asuntos civiles, penales y penales de niños, niñas y adolescentes. También hay defensorías de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

Los organismos que dependen del MPD son: el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción, el Órgano de Revisión de Salud Mental, la Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental, el Dispositivo de Entrevistas Testimoniales Videograbadas de NNyA y el Dispositivo de Referentes de Cuidado y Acompañamiento de NNyA sin Cuidados Parantales.

Representa gratuitamente a las personas que no tienen recursos para contratar un abogado o abogada para temas civiles (familia, salud vivienda, entre otros).

Defiende a las personas en causas penales que no designen una defensa particular.

Protege y asiste a grupos vulnerables, como niños, niñas y adolescentes, personas con padecimientos de salud mental y vícitmas de abusos policiales u otro tipo de violencia institucional.

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